USO INDEBIDO DE HUELLA DIGITAL EN EL GIMNASIO

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha sancionado a un centro deportivo por el uso indebido de la huella dactilar de sus socios para poder acceder a sus instalaciones.

La Agencia  calificó la infracción como grave por lo que la multa podría ser desde 40.001 euros a 300.000 euros. Finalmente se impuso una multa de 1.500 euros debido a que la AEPD consideró que se trataba de una empresa pequeña donde los beneficios obtenidos como consecuencia de la infracción no fueron relevantes y que los datos almacenados consistentes en el algoritmo numérico en que se transformaba la huella no son en sí de la huella.

El denunciante fue un policía que pasó de entrar al centro con una pulsera a tener que hacerlo mediante huella dactilar sin previo aviso, ni entrega de ningún documento para el consentimiento a la aportación de sus datos biométricos, por lo que solicitó que se le diera acceso al centro de otra forma y se lo denegaron. El agente no estaba conforme con este cambio en el acceso ya que invadía su intimidad y la privacidad de su trabajo.

La  AEPD consideró más adecuadas otras alternativas como almacenar de forma encriptada la huella en una tarjeta que custodiase cada socio, zanjando que el control biométrico utiliza los datos de forma no proporcionada y excesiva en relación con el ámbito y las finalidades determinadas.

La  AEPD consideró que la finalidad prevista podría alcanzarse de manera menos intrusiva.

TRIBUNAL SUPREMO ¿POR QUÉ SE HAN DICTADO DOS SENTENCIAS CONTRADICTORIAS?

TRIBUNAL SUPREMO A FAVOR DE LA BANCA ¿POR QUÉ SE HAN DICTADO DOS SENTENCIAS CONTRADICTORIAS?

El Tribunal Supremo se replanteó la Sentencia 1505/2018 del 16 de Octubre que establecía que sea el banco el que pague el gasto del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados ( ITPYAJD) al firmar la hipoteca y ha resuelto que han de ser los clientes, y no la banca, los que paguen el impuesto al constituir un crédito hipotecario.

El asunto de quién paga el impuesto parecía que se había zanjado en febrero de 2018 , cuando el pleno de la Sala Civil avaló que fuera el cliente el que pagara el impuesto por la firma de la hipoteca.

Sin embargo, para entonces, el tema estaba también sobre la mesa de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Los jueces de lo Contencioso consideraron que había que revisar esa interpretación y admitieron a trámite un recurso de la empresa municipal de la vivienda de Rivas-Vaciamadrid contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad, que consideró que correspondía al cliente de la hipoteca pagar el impuesto de la escritura pública.

La sentencia dictada sobre impuestos hipotecarios por el Tribunal Supremo ha pillado a muchos por sorpresa: allí donde la sala de lo contencioso-administrativo acababa de decir que este impuesto corre a cargo del banco, se lo replantea y resuelve lo contrario, al igual que hace medio año donde otra sala del mismo Supremo , la sala de lo civil, avaló que el banco se lo imputase al cliente en un contrato.

Después de esto, el Gobierno ha aprobado un decreto ley con el que modifica la norma que regula el impuesto de actos jurídicos documentados, el de las hipotecas, para que lo paguen los bancos. Es la respuesta del Gobierno al fallo del Supremo, enmendando una sentencia de 16 de octubre de la Sala tercera de lo contencioso administrativo.

Si la Sala Tercera ( Contencioso Administrativa ) se ocupa de revisar el comportamiento general de la Administración, incluyendo sus actos administrativos, y por tanto los tributos, la Primera ( Civil ) se dedica entre otros muchos asuntos a examinar las relaciones entre personas tanto físicas como jurídicas, incluyendo los contratos.

Hace medio año, los jueces de lo civil resolvieron dos casos que les llevaron a sentar esta doctrina: dos particulares que llevaron ante la Justicia sus contratos con el Banco Sabadell. El pleno de lo civil estableció en ambas sentencias difundidas en marzo que "el sujeto pasivo del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados será el prestatario".

Esa sentencia explicó que tomaba la decisión estudiando cláusulas de un contrato bancario, no el impuesto en sí mismo: "Para adoptar esta decisión, la jurisdicción civil no puede enjuiciar si le parece adecuada la determinación del sujeto pasivo obligado al pago del impuesto que hace la normativa reguladora de cada impuesto", decía, recordando que se basaba en una "jurisprudencia de la Sala Tercera de este Tribunal Supremo".

¿Cambio de criterio?

Recordamos que en febrero de este año 2018, el Pleno de la Sala Primera ( Civil ) del Tribunal Supremo afirmaba que, en un contrato de préstamo con garantía hipotecaria, es el prestatario ( cliente) quien debe pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. Criterio mantenido en : Sentencia nº 148/2018, TS, Sala de lo Civil, Rec 1518/2017, 15-03-2018 y Sentencia nº 147/2018, TS, Sala de lo Civil, Rec 1211/2017, 15-03-2018.

En las Sentencias de la Sala de lo Civil el Tribunal Supremo asumía la jurisprudencia que mantenía la Sala de lo Contencioso-Administrativo y en relación con el pago del ITPAJD, distinguía estas situaciones:

"a) Por la constitución del préstamo, el pago incumbe al prestatario. Sobre este particular, se remite a la jurisprudencia constante de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo, que ha establecido que el sujeto pasivo del impuesto es el prestatario.

b) Por el timbre de los documentos notariales, el impuesto correspondiente a la matriz se abonará por partes iguales entre prestamista y prestatario, y el correspondiente a las copias, por quien las solicite”.

El 16 de Octubre la Sala Tercera del Alto Tribunal dictó una sentencia, y dos más después entre las misma partes del litigio, por la que estableció que quien debe pagar el impuesto sobre actos jurídicos documentados en las escrituras públicas con garantía hipotecaria es la entidad prestamista, y no quien recibe el préstamo.

Pero el Tribunal Supremo se replanteó la decisión que establecía que sea el banco el que pague el gasto de Actos Jurídicos Documentados al firmar la hipoteca y ha resuelto que han de ser los clientes, y no la banca, los que paguen el impuesto al constituir un crédito hipotecario.

El Alto Tribunal celebró el 5 de noviembre el pleno donde se decidió no mantener el cambio de doctrina iniciado tras las 3 sentencias en las que se concluye que la banca debe pagar el impuesto y no el cliente.

El nuevo criterio ya se mantenía en sentencias desde el año 2006 (por ejemplo, Sentencia Administrativo TS, Sala de lo Contencioso, Sec. 2, Rec 4593/2001, 31-10-2006).

Veremos próximamente, cuando se publique, la argumentación completa del cambio de criterio.

LA AP DE SALAMANCA APLICA LA STJUE QUE DECLARABA LA ABUSIVIDAD DE LA HIPOTECA MULTIDIVISA

LA AP DE SALAMANCA APLICA LA STJUE QUE DECLARABA LA ABUSIVIDAD DE LA HIPOTECA MULTIDIVISA

La banca ha visto anulada por enésima vez la cláusula multidivisa de un contrato de préstamo hipotecario en Salamanca .

El caso es novedoso porque la Audiencia Provincial ha resuelto en apelación aplicando la Sentencia del TJUE que considera abusivas las hipotecas multidivisa por falta de transparencia.

En este caso, una pareja suscribió una hipoteca por 192.000 euros a 30 años. Tras pagar durante nueve años sus cuotas, debían al banco 219.000 euros. Tras reclamar en 2007, el Juzgado de Instrucción les dió la razón y condenó al banco a recalcular la hipoteca en euros. La entidad recurrió argumentando que este producto no era complejo.

La Audiencia falla a favor de los clientes argumentando que el TJUE deja clara la exigencia de una redacción clara, comprensible y transparente, no sólo gramatical, sino también de compresión y que es el juez nacional el que debe verificar si el consumidor habría aceptado esa cláusula si el profesional le hubiera tratado de manera leal y equitativa.

En cualquier caso, habrá que esperar a la inminente sentencia del Tribunal Supremo.

TRIBUNAL SUPREMO A FAVOR DE LA BANCA ¿POR QUÉ SE HAN DICTADO DOS SENTENCIAS CONTRADICTORIAS?

TRIBUNAL SUPREMO A FAVOR DE LA BANCA ¿POR QUÉ SE HAN DICTADO DOS SENTENCIAS CONTRADICTORIAS?

El Tribunal Supremo se replanteó la Sentencia 1505/2018 del 16 de Octubre que establecía que sea el banco el que pague el gasto del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados ( ITPYAJD) al firmar la hipoteca y ha resuelto que han de ser los clientes, y no la banca, los que paguen el impuesto al constituir un crédito hipotecario.

El asunto de quién paga el impuesto parecía que se había zanjado en febrero de 2018 , cuando el pleno de la Sala Civil avaló que fuera el cliente el que pagara el impuesto por la firma de la hipoteca.

Sin embargo, para entonces, el tema estaba también sobre la mesa de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Los jueces de lo Contencioso consideraron que había que revisar esa interpretación y admitieron a trámite un recurso de la empresa municipal de la vivienda de Rivas-Vaciamadrid contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad, que consideró que correspondía al cliente de la hipoteca pagar el impuesto de la escritura pública.

La sentencia dictada sobre impuestos hipotecarios por el Tribunal Supremo ha pillado a muchos por sorpresa: allí donde la sala de lo contencioso-administrativo acababa de decir que este impuesto corre a cargo del banco, se lo replantea y resuelve lo contrario, al igual que hace medio año donde otra sala del mismo Supremo , la sala de lo civil, avaló que el banco se lo imputase al cliente en un contrato.

Después de esto, el Gobierno ha aprobado un decreto ley con el que modifica la norma que regula el impuesto de actos jurídicos documentados, el de las hipotecas, para que lo paguen los bancos. Es la respuesta del Gobierno al fallo del Supremo, enmendando una sentencia de 16 de octubre de la Sala tercera de lo contencioso administrativo.

Si la Sala Tercera ( Contencioso Administrativa ) se ocupa de revisar el comportamiento general de la Administración, incluyendo sus actos administrativos, y por tanto los tributos, la Primera ( Civil ) se dedica entre otros muchos asuntos a examinar las relaciones entre personas tanto físicas como jurídicas, incluyendo los contratos.

Hace medio año, los jueces de lo civil resolvieron dos casos que les llevaron a sentar esta doctrina: dos particulares que llevaron ante la Justicia sus contratos con el Banco Sabadell. El pleno de lo civil estableció en ambas sentencias difundidas en marzo que "el sujeto pasivo del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados será el prestatario".

Esa sentencia explicó que tomaba la decisión estudiando cláusulas de un contrato bancario, no el impuesto en sí mismo: "Para adoptar esta decisión, la jurisdicción civil no puede enjuiciar si le parece adecuada la determinación del sujeto pasivo obligado al pago del impuesto que hace la normativa reguladora de cada impuesto", decía, recordando que se basaba en una "jurisprudencia de la Sala Tercera de este Tribunal Supremo".

¿Cambio de criterio?

Recordamos que en febrero de este año 2018, el Pleno de la Sala Primera ( Civil ) del Tribunal Supremo afirmaba que, en un contrato de préstamo con garantía hipotecaria, es el prestatario ( cliente) quien debe pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. Criterio mantenido en : Sentencia nº 148/2018, TS, Sala de lo Civil, Rec 1518/2017, 15-03-2018 y Sentencia nº 147/2018, TS, Sala de lo Civil, Rec 1211/2017, 15-03-2018.

En las Sentencias de la Sala de lo Civil el Tribunal Supremo asumía la jurisprudencia que mantenía la Sala de lo Contencioso-Administrativo y en relación con el pago del ITPAJD, distinguía estas situaciones:

"a) Por la constitución del préstamo, el pago incumbe al prestatario. Sobre este particular, se remite a la jurisprudencia constante de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo, que ha establecido que el sujeto pasivo del impuesto es el prestatario.

b) Por el timbre de los documentos notariales, el impuesto correspondiente a la matriz se abonará por partes iguales entre prestamista y prestatario, y el correspondiente a las copias, por quien las solicite”.

El 16 de Octubre la Sala Tercera del Alto Tribunal dictó una sentencia, y dos más después entre las misma partes del litigio, por la que estableció que quien debe pagar el impuesto sobre actos jurídicos documentados en las escrituras públicas con garantía hipotecaria es la entidad prestamista, y no quien recibe el préstamo.

Pero el Tribunal Supremo se replanteó la decisión que establecía que sea el banco el que pague el gasto de Actos Jurídicos Documentados al firmar la hipoteca y ha resuelto que han de ser los clientes, y no la banca, los que paguen el impuesto al constituir un crédito hipotecario.

El Alto Tribunal celebró el 5 de noviembre el pleno donde se decidió no mantener el cambio de doctrina iniciado tras las 3 sentencias en las que se concluye que la banca debe pagar el impuesto y no el cliente.

El nuevo criterio ya se mantenía en sentencias desde el año 2006 (por ejemplo, Sentencia Administrativo TS, Sala de lo Contencioso, Sec. 2, Rec 4593/2001, 31-10-2006).

Veremos próximamente, cuando se publique, la argumentación completa del cambio de criterio.

Clausula suelo: ¿podemos recuperar lo injustamente cobrado desde el inicio del contrato hasta el 9 de mayo de 2013?

Clausula suelo: ¿podemos recuperar lo injustamente cobrado desde el inicio del contrato hasta el 9 de mayo de 2013?

 

El artículo 6.1 de la Directiva 93/13, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (“Los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en las condiciones estipuladas por sus derechos nacionales, las cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre éste y un profesional y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, si éste puede subsistir sin las cláusulas abusivas […]”) ha sido interpretado por el TJUE en el sentido de que establece la obligación a cargo del juez nacional de apreciar de oficio el carácter abusivo de una cláusula contractual incluida en su ámbito de aplicación (asuntos C-168/05; C-243/08; C-40/08; C-137/08 entre otras).

Fundamentalmente según la STJUE 28 de Julio de 2016 C-168/15, a partir de la Sentencia con asunto nº C-243/08 de 4 de Junio de 2009, Pannon GSM, si el órgano judicial se abstiene de apreciar de oficio el carácter abusivo de una cláusula, disponiendo de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para ello, se puede considerar que ha inobservado manifiestamente la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea , y por ello, que ha cometido una violación suficientemente caracterizada del Derecho de la Unión. Para reparar el daño causado por la citada violación del Derecho de la UE habrá que estar al Derecho nacional de cada Estado miembro, siempre que se respeten los principios de equivalencia y de efectividad que rigen en el Derecho Comunitario.

Mediante sentencia de 9 de mayo de 2013, el Tribunal Supremo consideró abusivas las cláusulas suelo, ya que los consumidores no habían sido adecuadamente informados acerca de la carga económica y jurídica que les imponían esas cláusulas. No obstante, el Tribunal Supremo decidió limitar los efectos en el tiempo de la declaración de nulidad de esas cláusulas, de modo que sólo produjera efectos de cara al futuro, a partir de la fecha en que se dictó la sentencia.

La jurisprudencia española, en la reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de fecha 21/12/2016 y número 2016:980 (Número Recurso: C-154/15 dijo que la jurisprudencia limita en el tiempo los efectos de la declaración de nulidad de las cláusulas suelo contenidas en los contratos de préstamo hipotecario en España es incompatible con el Derecho de la Unión.

Por lo antedicho podemos deducir que la sentencia del Tribunal Supremos de 9 de Mayo de 2013 no es ajustada al derecho de la Unión en cuanto a la retroactividad de las cláusulas abusivas y por tanto las ulteriores fundamentadas en ella.

El problema radica en que son sentencias firmes que implican “cosa juzgada” y ahora nos preguntamos cómo podemos recuperar el dinero indebidamente cobrado desde la firma del contrato hasta el 9 de Mayo de 2013.

En la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ, en adelante) en el Título V , artículos 292 y siguientes, se regula en efecto la responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia, disponiendo que los daños causados en cualesquiera bienes o derechos por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento normal o anormal de la Administración de Justicia darán a todos los perjudicados derecho a una indemnización a cargo del Estado, salvo en los casos de fuerza mayor

En cuanto al supuesto indemnizatorio aplicable, considero que sería el de error judicial como consecuencia de la adopción de resoluciones judiciales no ajustadas a Derecho, ya sea por la incorrecta aplicación de la norma jurídica o por la valoración equivocada de los hechos u omisión de los elementos de prueba que resulten esenciales.

La LOPJ dispone que la reclamación de indemnización por causa de error judicial debe ir precedida de una decisión judicial que expresamente lo reconozca, decisión que puede resultar directamente de (I) una sentencia dictada en un recurso de revisión judicial (plazo de interposición 5 años desde la fecha de la sentencia que se pretende impugnar). (II) En cualquier otro caso distinto de éste la acción judicial para el reconocimiento del error deberá instarse inexcusablemente en el plazo de tres meses a partir del día en que pudo ejercitarse, ante la Sala del Tribunal Supremo correspondiente al mismo orden Jurisdiccional que el órgano a quien se imputa el error. El procedimiento para sustanciar la pretensión será el propio del recurso de revisión en materia civil, siendo partes en todo caso, el Ministerio Fiscal y la Administración del Estado.

El Tribunal dictará sentencia definitiva, sin ulterior recurso, en el plazo de quince días, con informe previo del órgano jurisdiccional a quien se atribuye el error.

Si el error no fuera apreciado se impondrán las costas al peticionario.

No procederá la declaración de error contra la resolución judicial a la que se impute mientras no se hubieren agotado previamente los recursos previstos en el ordenamiento.

La mera solicitud de declaración del error no impedirá la ejecución de la resolución judicial a la que aquél se impute.

Tanto en el supuesto de error judicial declarado como en el de daño causado por el anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, el interesado dirigirá su petición indemnizatoria directamente al Ministerio de Justicia, tramitándose la misma con arreglo a las normas reguladoras de la responsabilidad patrimonial del Estado. Contra la resolución cabrá recurso contencioso-administrativo. El derecho a reclamar la indemnización prescribirá al año, a partir del día en que pudo ejercitarse.

El problema de todo esto radica en si se cumplen los requisitos para interponer el recurso de revisión y que a mi juicio la respuesta en no.

Respecto a la casuística, hay situaciones en que la sentencia quedó firme en la Audiencia Provincial y ya no se puede presentar recursos de casación etc, hay sentencias que quedaron firmes en juzgados donde no se recurrió porque la Audiencia correspondiente se sabía que iba a fallar en contra del recurrente, hay sentencias que quedaron firmen en el Tribunal Supremo. Entonces, ¿hay alguna posibilidad de enmendar la injusticia ?, lo iremos analizando.

GASTOS DE HIPOTECA

El Tribunal Supremo establece que el pago del impuesto por la constitución de las hipotecas incumbe al prestatario

El Pleno de la Sala Primera, de lo Civil, del Tribunal Supremo, ha estudiado este miércoles dos recursos relativos a reclamaciones de consumidores contra cláusulas de escrituras de préstamo con garantía hipotecaria que les atribuían todos los gastos e impuestos generados por la operación.

En concreto, el alto tribunal discutía únicamente lo relativo al pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Los magistrados estiman en parte los recursos y establecen que: a) por la constitución del préstamo, el pago incumbe al prestatario, de acuerdo a la jurisprudencia constante de la Sala III del propio Supremo; y b) por el timbre de los documentos notariales, el impuesto correspondiente a la matriz se abonará por partes iguales entre prestamista y prestatario, y el correspondiente a las copias, por quien las solicite.

El fallo ha sido comunicado ya a los procuradores de las partes. El texto íntegro de las sentencias se dará a conocer en los próximos días.

La nota informativa facilitada por la Sala Primera señala lo siguiente:

“El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha deliberado y resuelto en el día de hoy dos recursos de casación en relación con sendas reclamaciones de consumidores contra cláusulas de sus escrituras de préstamo con garantía hipotecaria, que les atribuían el pago de todos los gastos e impuestos generados por la operación.

El tribunal ha partido de su propia jurisprudencia sobre la abusividad de una cláusula que, sin negociación y de manera indiscriminada, atribuye en todo caso el pago de los gastos e impuestos al consumidor, a pesar de que la ley, según los distintos supuestos, hace una distribución de los mismos.

En los casos concretos sometidos a enjuiciamiento, en el Tribunal Supremo se discutía ya únicamente lo relativo al pago del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. El tribunal ha estimado en parte los recursos de casación interpuestos por los consumidores afectados y ha establecido que sobre dicho impuesto deben distinguirse diversas situaciones:

a) Por la constitución del préstamo, el pago incumbe al prestatario. Sobre este particular, se remite a la jurisprudencia constante de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo, que ha establecido que el sujeto pasivo del impuesto es el prestatario.

b) Por el timbre de los documentos notariales, el impuesto correspondiente a la matriz se abonará por partes iguales entre prestamista y prestatario, y el correspondiente a las copias, por quien las solicite”.

El Tribunal Supremo establece límites a la difusión de pasquines críticos hacia un directivo con ocasión de un conflicto laboral

El Tribunal Supremo establece límites a la difusión de pasquines críticos hacia un directivo con ocasión de un conflicto laboral

‎26‎ de ‎julio‎ de ‎2016 (Comunicación Poder Judicial)Ir al artículo completo

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por el sindicato LAB y por dos de sus afiliadas contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Bizkaia que había apreciado una intromisión ilegítima en el derecho al honor del demandante por la actuación de los recurrentes en el contexto de un conflicto laboral en el que las trabajadoras habían sido despedidas. La demanda fue presentada por un directivo responsable de la gestión de la residencia de ancianos en la que prestaban sus servicios las trabajadoras despedidas.

Dichas trabajadoras y el propio sindicato habían colocados carteles, pasquines y pancartas en la residencia y sus alrededores, pero también en otra localidad, en la que vivía el demandante y su familia y, particularmente, en la fachada de la farmacia que regentaba su madre. En ellos aparecía el nombre y la fotografía del demandante y se le acusaba de llevar a cabo una política de acoso sindical y de poner en riesgo la salud y la atención adecuada de los ancianos internados en la residencia para conseguir un lucro económico.

La Sala, en una sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Rafael Sarazá, considera que las críticas realizadas al demandante, al poner en duda su probidad y acusarle de intentar obtener beneficios a costa de la salud y el cuidado de las personas ancianas ingresadas en la residencia, afectan al ámbito profesional protegido por el derecho constitucional al honor, pero que tal afectación se encuentra amparada por la libertad de expresión y la libertad sindical cuando es realizada en el entorno en el que tal cuestión tenía relevancia pública, como es la propia residencia y la localidad en la que presta su servicio.

La sentencia razona que se trata de juicios de valor y opiniones críticas, proferidos por agentes sociales involucrados en el ámbito de prestación de un servicio público, legitimados para la crítica de la gestión de los centros cuando consideran que perjudica no solo las condiciones laborales de los trabajadores, sino también la calidad del servicio que se presta, y de interés para esa colectividad.

En esas críticas, añade la resolución, no se han usado expresiones insultantes desconectadas del mensaje que se trata de transmitir, por más que las expresiones utilizadas, y la inserción de su fotografía, puedan resultar hirientes y molestas para el demandante.

Los magistrados destacan la especial relevancia pública de estas informaciones y juicios de valor, por tratarse de un ámbito, el de las residencias de ancianos, en el que las personas que pueden resultar afectadas por deficiencias en los servicios, por su avanzada edad, no pueden por lo general reivindicar una mejora de su atención y denunciar esa deficiencias.

Sin embargo, la Sala entiende que la comunicación pública de las expresiones que provocan descrédito en el demandante en un entorno sin conexión con el ámbito en que se ha producido el conflicto laboral, como es la localidad en la que vive, mediante la colocación de los pasquines y pancartas en fachadas, farolas, parabrisas de vehículos y en el local donde su madre desarrolla su actividad profesional, no pretendía realizar una crítica al directivo o a un determinado modelo de servicio público en un entorno en el que tal cuestión tuviera relevancia pública, sino que intentó señalarlo ante sus convecinos y familiares y escarnecerlo, atribuyéndole una conducta que le hace desmerecer ante sí mismo y ante los demás, de un modo completamente descontextualizado respecto del ámbito donde el conflicto tenía lugar y, por tanto, sin relación funcional con los bienes jurídicos protegidos por las libertades de expresión, información y sindical.

Esa actuación no contribuye a un debate público, inexistente en un ámbito ajeno a aquel en que se produjo el conflicto, ni tampoco sirve para proteger legítimamente los derechos de los trabajadores y los demás fines legítimos del sindicato demandado, razón por la que el recurso de casación es desestimado.

“Como afirma el Ministerio Fiscal en su escrito de oposición al recurso, empapelar el pueblo del demandante y la farmacia de su madre con tales pasquines y carteles tiene más de venganza (o, más bien, de escarnecimiento público) que de actividad sindical”, concluye la sentencia.

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