PRODUCTOS BANCARIOS COMPLEJOS Y NO COMPLEJOS

Actualmente la diversificación del sector financiero ha abierto a los consumidores la puerta a un complejo pero también variado mundo de posibilidades de colocación del ahorro. El consumidor puede obtener mayor rentabilidad que con los productos tradicionales, pero también asumir mayor riesgo o tener dificultades para la desinversión.

No obstante, la contratación de productos de ahorro tradicionales (cuentas y depósitos) se ha convertido incluso en una necesidad, por lo que conviene realizar un breve análisis de sus características.

* Cuenta corriente bancaria: es un contrato de gestión en virtud del cual el Banco se compromete a realizar por cuenta de sus clientes cuantas operaciones son inherentes al servicio de caja, cumpliendo por tanto las órdenes e instrucciones del cliente.

Suele constituir el primer contrato que se celebra con una entidad de crédito y a través de él se canalizarán las relaciones posteriores que la entidad tenga con su cliente.

El consumidor deberá realizar la provisión de fondos para que exista saldo en la cuenta que permita al banco cumplir con sus instrucciones.

La provisión de fondos comporta que la cuenta corriente vaya unida por lo general a un contrato de depósito en cuenta corriente o bien a un contrato de apertura de crédito (aquí es la entidad de crédito la que permite al consumidor disponer de saldo hasta el límite contractualmente fijado). .

El consumidor, además de asumir la obligación de disponer de provisión de fondos para que la entidad pueda cumplir con sus instrucciones (pago de cheques, de recibos domiciliados, realización de transferencias, etc.), deberá afrontar el pago de las comisiones, intereses y gastos pactados en el contrato.

Cuando no exista provisión de fondos suficiente en la cuenta, el contrato puede haber autorizado a la entidad a conceder discrecionalmente un descubierto en cuenta corriente, cuyos intereses en términos de tasa anual equivalente (inclusiva, por tanto, de comisiones y demás gastos repercutidos al consumidor) están limitados por la legislación de crédito al consumo (2’5 veces el interés legal del dinero). Por lo tanto, aun cuando el contrato, o el folleto de tarifas de la entidad recojan un límite máximo superior, no podrá superarse el establecido legalmente.

En la actualidad, la reciente Ley de servicios de pago regula parcialmente el servicio de caja sobre todo en orden al establecimiento de fechas de valoración y obligaciones de información al cliente. Una de las consecuencias prácticas de aplicación de esta norma que favorece al consumidor es la imposibilidad a partir de su entrada en vigor de cobrar los descubiertos por valoración.

* Depósitos de dinero a la vista y a plazo.

Se trata de operaciones bancarias de captación de fondos del público, adquiriendo las entidades la propiedad de éstos, y comprometiéndose a su devolución, en la misma moneda y en la forma y tiempo pactados, pagando, en su caso, al depositante un interés normalmente determinado por el contrato.

Tradicionalmente los depósitos de dinero son a la vista y a plazo. Los depósitos a la vista persiguen principalmente la obtención de los servicios de caja por la entidad depositaria (ej. depósitos que, conllevan aparejada la entrega a su titular de un título de legitimación como es la libreta de ahorros). En los depósitos a plazo la finalidad es por lo general la inversión, obtener un mayor rendimiento por la colocación del ahorro (las tradicionalmente denominadas imposiciones a plazo fijo).

Son prorrogables al vencimiento y comportan por lo general, si el consumidor no espera al vencimiento del plazo para retirar su inversión, la imposición a éste de una penalización por vencimiento anticipado.

En la práctica, no obstante, existen productos que constituyen una combinación de ambos tipos de depósito: depósitos de alta remuneración que no permiten acceder a muchos de los servicios integrados en el servicio de caja; y los depósitos a plazo con liquidez total, pudiendo retirar los fondos depositados en cualquier momento sin merma de rentabilidad o simplemente respetando un período de permanencia mínimo.

* Algunas cuestiones comunes a cuentas y depósitos.

La entidad de crédito no podrá cobrar comisiones por servicios no solicitados por el cliente o no prestados efectivamente por la entidad. Las comisiones y gastos deberán encontrarse además reflejados en el contrato, de modo que en caso contrario, la entidad no podrá cobrarlos.

El importe de las comisiones y gastos es, en principio, libre, aun cuando se establecen algunos límites específicos en leyes especiales (p. Ej. descubierto en cuenta corriente de consumidores).

Las comisiones están además sometidas a un control formal: es necesario que la comisión o el gasto (en este caso, al menos deberá aparecer su concepto), consten en el folleto de tarifas que deberá ser entregado al consumidor, que deberá aparecer además en el tablón de anuncios de la entidad (o en la página web en caso de entidades que operan telemáticamente), y que debe registrarse en el Banco de España, a través de cuya página web podrá igualmente el consumidor comprobar la corrección de las comisiones que le está cobrando la entidad.

Cuando en el establecimiento de la comisión o el gasto, la entidad prevea un mínimo y un máximo, deberá atender a las circunstancias concurrentes a la hora de aplicar su importe, no es correcta la aplicación del máximo de forma automática.

En la actualidad, la Ley de servicios de pago regula parcialmente las operaciones de pago realizadas en ejecución del servicio de caja, y se refiere a la información que debe proporcionarse al consumidor, estableciendo además límites máximos a las fechas de valoración de los apuntes realizados en su cuenta, lo que incide de forma directa en la posibilidad de cobro de comisiones, gastos e intereses.

España señala que la entidad de crédito deberá informar inmediatamente al consumidor, y retrocederá el abono incorrecto si existe provisión de fondos suficiente. En caso contrario, deberá pactar con el consumidor la forma de devolución del importe dispuesto por el consumidor. En ningún caso, la comisión del error legitima al consumidor para disponer con carácter definitivo de la cantidad incorrectamente abonada en su cuenta.

PRODUCTOS DE AHORRO E INVERSIÓN DE MAYOR COMPLEJIDAD

El mercado financiero ofrece en la actualidad al consumidor numerosas posibilidades de colocación de su ahorro. En ocasiones, se trata de productos de sencilla comprensión, con un riesgo moderado o bajo y con una elevada solvencia del emisor, pero en otros muchos, se trata de sofisticados productos financieros, que requieren de gran experiencia financiera para su total comprensión. Veamos cuáles son algunos de ellos:

INVERSIONES EN RENTA FIJA. Valores negociables emitidos por las empresas y las instituciones públicas, representativos de los préstamos que estas entidades reciben de los inversores. Se distinguen: Deuda Pública, valores emitidos por el Estado, las Comunidades Autónomas y otros organismos públicos; y renta fija privada (emitidos por el sector privado).

Los valores de Deuda Pública son:

  1. las Letras del Tesoro      (activos a corto plazo, a 6, 12 y 18 meses, al descuento y representados      mediante anotaciones en cuenta);
  2. Bonos (a medio plazo, 5 años) y Obligaciones      (a largo plazo, a 10, 15 y 30 años) del Estado, que comportan el pago de      un interés fijo en cupones anuales;
  3. Deuda autonómica y de      otros organismos públicos (valores a corto o largo plazo, con      características similares a la Deuda Pública del Estado).

En la página web de la Dirección General del Tesoro, puede obtenerse información sobre cualquier emisión de deuda pública del Estado, acudir a las subastas de deuda y contratarla sin coste (www.tesoro.es). Puede contratarse también a través de las entidades de crédito y otros intermediarios financieros, debiendo asumir en este caso el pago de las comisiones derivadas de su actuación.

Dentro de la renta fija privada son comunes:

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Con independencia de su carácter perpetuo, el emisor, si es una entidad de crédito, suele reservarse el derecho a amortizarlas a partir de los cinco años, previa autorización del Banco de España.

Son además productos de liquidez limitada, no siempre es fácil recuperar la inversión efectuada.

Son productos con una remuneración generalmente fija en un primer período y variable durante el resto de la vida del producto. La remuneración está, no obstante, condicionada a la obtención de beneficios distribuibles por parte del emisor o de su grupo y no es acumulable, por lo que si un período no la recibe, pierde el derecho a hacerlo.

Entre otros, el consumidor que adquiere participaciones preferentes puede asumir los siguientes costes: Comisiones de compra o venta para la entidad financiera implícitas en el precio de compra; comisiones de intermediación en operaciones de compra y venta y gastos de administración y custodia.

La denominación de este producto no debe inducir a engaño al consumidor, dado que en caso de insolvencia del emisor, se sitúan en orden de recuperación de los créditos:

- detrás de todos los acreedores ordinarios y subordinados.

- delante de las acciones ordinarias (y de las cuotas participativas de las cajas de ahorros).

- al mismo nivel que el resto de participaciones preferentes emitidas o que pueda emitir en el futuro el emisor.

Los productos estructurados son formas de invertir en cualquier activo con gran flexibilidad, pero este tipo de inversión plantea problemas derivados de su propia naturaleza, como son, en primer lugar, la complejidad de su estructura; en segundo lugar, la elevada asunción de riesgo cuando no existe garantía de capital; en tercer lugar, la ausencia de una garantía adicional distinta a la solvencia del emisor.

Dentro de los bonos estructurados podemos distinguir aquellos que garantizan que no habrá pérdida de capital de aquellos otros que prevén hasta la pérdida total del capital por parte del inversor. Dentro de estos últimos los más sofisticados son los autocancelables.

Los bonos autocancelables se caracterizan por pagar un cupón determinado si un valor o índice sube en un año y en este caso se cancelan.

Si el valor no ha subido, el producto se prolonga otro año, a cuyo vencimiento pagará el doble del cupón siempre que supere el precio inicial ese segundo año. Si esto no sucede, vuelve a prorrogarse, y así sucesivamente hasta su vencimiento definitivo, que suele estar entre tres y cinco años. Entonces, lo normal es que ofrezcan una protección ‘condicional’ del capital, es decir, devuelve el importe invertido si el valor ha bajado menos de un porcentaje determinado.

Estos son los autocancelables estándar, pero pueden ser más sofisticados jugando con el colchón (ampliando la garantía hasta pérdidas del 50% o incluso garantizando totalmente el capital a cambio de un cupón más bajo) o con los subyacentes: divisas, materias primas, acciones con alto dividendo, cestas de valores con más potencial seleccionados por analistas, etc.

Los DEPÓSITOS INDEXADOS pretenden mejorar la rentabilidad de los depósitos tradicionales, a través de la referencia a índices bursátiles.

Se configuran, por tanto, como depósitos a plazo en los que la rentabilidad pactada no se encuentra predeterminada, como en los depósitos a plazo tradicionales, sino que se determinará en un momento posterior, normalmente el del vencimiento, por la evolución de los índices de referencia.

Los DEPÓSITOS ESTRUCTURADOS son contratos complejos con dos partes bien diferenciadas:

Constituye una ventaja evidente del depósito estructurado el permitir al consumidor participar en la inversión bursátil sin asumir pérdidas de capital, si bien el hecho de no conservar la inversión durante el período de tiempo pactado, dadas las elevadas comisiones a pagar, puede suponer merma en la rentabilidad. Aspectos que deberá tener en cuenta el consumidor:

Este producto no es aconsejable para los consumidores que deseen obtener una rentabilidad garantizada (que sí ofrecen los tradicionales depósitos a plazo fijo).

El consumidor puede adquirir acciones ordinarias o privilegiadas, en las que el privilegio consiste normalmente en un dividendo preferente o adicional (caso de las acciones sin voto), o también acciones rescatables, que tienen una duración determinada prevista en las condiciones de emisión (el derecho de rescate puede pertenecer a la entidad emisora, al inversor o a ambos).

La titularidad de la acción supone para el consumidor poder ejercitar un conjunto de derechos propios de su condición de accionista: derechos económicos (derecho a obtener parte de los beneficios que la sociedad obtenga y que la Junta general de accionistas decida repartir, derecho a una cuota del patrimonio resultante de la liquidación de la sociedad) y políticos (asistir y votar en las Juntas de la sociedad, impugnar los acuerdos sociales).

Los socios, en caso de concurso de la sociedad, no gozan de preferencia para el cobro, sino que se encuentran detrás de todos los acreedores, privilegiados y ordinarios.

Los fondos de inversión mobiliarios han permitido que muchos consumidores accedan a mercados y productos de inversión que de forma individual les hubieran supuesto la asunción de excesivos riesgos.

En el mercado existen en la actualidad numerosos tipos de fondos de inversión. El consumidor debe estar atento a las características del fondo cuyas participaciones suscribe, sobre todo en relación con las modalidades que se describen a continuación.

FONDOS GARANTIZADOS. Se caracterizan porque en una determinada fecha futura se conservará la totalidad de la inversión inicial. En algunos casos se ofrece también una rentabilidad asegurada. Suelen tener un período de comercialización fuera del cual las comisiones de suscripción son muy elevadas.

El consumidor debe atender a la fecha de vencimiento de la garantía, porque sólo tendrán derecho a la garantía que otorga el fondo aquellos partícipes que mantengan su inversión hasta la fecha de vencimiento. Si se reembolsa antes, el consumidor podría sufrir pérdidas.

Puede que el fondo disponga de ventanas de liquidez, y en ellas el consumidor podrá dar órdenes de reembolso total o parcial de su inversión en el fondo sin pagar comisiones. El consumidor no debe olvidar que en estos períodos no funciona la garantía, y aunque no tendrá que pagar comisiones, podrá verse sometido a pérdidas.

Estos fondos suelen establecer comisiones de suscripción y reembolso elevadas durante el período de garantía, con el objetivo primordial de restringir la entrada y salida de partícipes.

El consumidor deberá leer atentamente el folleto informativo del fondo garantizado para conocer sus principales características: período de comercialización, fecha de vencimiento de la garantía, ventanas de liquidez, preavisos, comisiones, etc. Igualmente, el consumidor deberá leer atentamente las comunicaciones que le remite la entidad sobre el vencimiento y las condiciones de renovación de la garantía.

Existen diversos tipos de fondos garantizados:

FONDOS COTIZADOS (Exchange Traded Funds): su política de inversión consiste en la reproducción (réplica) de un índice, de modo que sus participaciones se negocian en bolsas de valores, de forma similar a las acciones (funcionan en parte como fondos de inversión y en parte como acciones cotizadas). La rentabilidad que obtienen es similar a la de los índices que replican.

Aun cuando tienen importes mínimos de inversión que permiten participar en ellos a los consumidores medios, se trata de fondos adecuados sólo para inversores con un perfil de riesgo agresivo, pues por lo general son fondos de renta variable.

Sus ventajas son: su elevada liquidez (pueden suscribirse y reembolsarse sus participaciones durante todo el período diario de cotización bursátil, a diferencia de los fondos tradicionales, en los que la liquidez es diaria); la posibilidad de conocer el valor liquidativo, dado que la Bolsa calcula y difunde una estimación.

En relación con el coste de suscripción de estos fondos, el consumidor deberá tener en cuenta que si bien las comisiones de gestión y depósito son mucho más reducidas que en otros fondos, al tratarse de órdenes bursátiles, suelen generar comisiones de compraventa a favor del intermediario, así como corretajes de Bolsa, costes todos ellos que deberá asumir el consumidor y que le habrán sido atribuidos en el contrato.

FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (FIL, Fondos de inversión alternativa o

Hedges Funds): se caracterizan por poder invertir en cualquier tipo de activo, seguir la estrategia de inversión que consideren más apropiada y endeudarse en mayor medida que en el resto de los fondos (hasta varias veces su patrimonio).

Son recomendables sólo para inversores cualificados (fondos de pensiones, entidades financieras...), ya que pueden comportar un elevado riesgo, tienen escasa liquidez (dificultad de reembolsar las participaciones), fijando además en muchas ocasiones un período mínimo de permanencia y la inversión mínima es de 50.000 euros.

FONDOS DE FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (FFIL): mecanismo para permitir a los particulares acceder a los Fondos de Inversión libre. Son fondos de fondos, que no invierten directamente en valores, sino en otros fondos de inversión, en su mayoría fondos de inversión alternativa o hedges funds.

Se caracterizan por una gran libertad para decidir sus estrategias de inversión, por lo que podrán acceder a nuevas oportunidades de inversión, pero también suele implicar mayores niveles de riesgo. El valor de la inversión puede variar de forma significativa a lo largo del tiempo, y el rendimiento no tiene por qué estar ligado a la evolución de los mercados de valores.

Normalmente son menos líquidos que los fondos tradicionales. Su valor liquidativo se podrá publicar con una periodicidad de tres o incluso seis meses, si bien muchos optan por una frecuencia mensual. Pueden además permitir los reembolsos sólo cada tres o seis meses, con determinadas especialidades fijadas en el folleto (importe máximo de reembolso, preavisos, suspensión del derecho de reembolso y pago de los reembolsos).

Antes de contratarlo, el consumidor debe firmar un documento en el que declara haber sido informado de todos los riesgos inherentes al producto. .

La entidad tiene la obligación de entregarle una copia del documento de consentimiento, que deberá conservar con el folleto y la solicitud de suscripción mientras sea partícipe del FFIL. Es importante que el consumidor esté completamente seguro de comprender el contenido del documento de consentimiento, en particular las características y los riesgos especiales asumidos con la inversión.

Tienen libertad para la fijación de sus comisiones, ya que no les resultan aplicables los límites establecidos para los fondos tradicionales, establecidas en el Reglamento de instituciones de inversión colectiva.

  1. . En la actualidad, la      preocupación por el nivel de vida en el momento de la jubilación ha      favorecido, junto con los beneficios fiscales ofrecidos, la contratación      de este tipo de productos.

Los planes de pensiones son contratos en los que se fijan las condiciones y características de un programa de ahorro-jubilación, así como los derechos y obligaciones de promotores y partícipes. Son de constitución voluntaria y sus prestaciones no son sustitutivas de las de la Seguridad Social, sino que se acumulan a ellas. Los fondos de pensiones son los instrumentos encargados de realizar las inversiones con el patrimonio del plan.

Existen muy variados tipos de planes de pensiones:

15%; de renta fija mixta II: inversión en renta variable entre el 15% y el 30% de sus activos; de renta variable: cartera integrada por activos de renta variable con un mínimo del 75%; renta variable mixta: activos de renta variable entre el 30 y el 75% de su cartera.

La cantidad que el consumidor puede aportar a un plan de pensiones tiene dos límites: uno mínimo, dado que permitir aportaciones extraordinariamente reducidas supondría un coste elevado que reduciría la rentabilidad del plan; y otro máximo, que dependerá de las circunstancias del consumidor (edad, matrimonio si el otro cónyuge no obtiene rentas...).

El consumidor puede optar, una vez producida la contingencia que dé lugar al cobro de la prestación, entre cobrarla totalmente en dicho momento o que le sea abonada en forma de renta vitalicia, teniendo en cada caso una tributación distinta. En este segundo caso, se determinará el período de tiempo durante el cual el titular del plan cobrará dicha renta, atendiendo al capital acumulado.

Las contingencias que pueden dar lugar al cobro de la prestación son las siguientes: jubilación o situación asimilable, invalidez total y permanente para la profesión habitual, la invalidez absoluta y permanente para todo trabajo y la gran invalidez; la muerte del partícipe o beneficiario, la enfermedad grave e incluso el pase a la situación de desempleado de larga duración. En la actualidad, esta condición se reconoce en todo parado que no tenga derecho a prestaciones contributivas o que las haya agotado.

Junto a los planes de pensiones, nos encontramos otro tipo de productos que responden a la misma finalidad, como son los planes de jubilación, pero que tienen un distinto tratamiento fiscal, sobre todo en relación con las aportaciones realizadas, que tienen un tratamiento fiscal favorable en la declaración del IRPF del aportante en relación con los planes de pensiones, pero no suponen desgravación fiscal alguna para el titular del seguro en que consiste el plan de jubilación (en ellos las ventajas fiscales se obtienen al final, en el momento del cobro del seguro).

En consecuencia, en relación con las prestaciones obtenidas, en los planes de jubilación el titular paga impuestos por las prestaciones periódicas que efectúa en su declaración de la renta, por lo que cuando empiece a percibir el dinero ya no deberá pagar impuestos, aunque sí de los intereses que se han producido. En cambio, en los planes de pensiones, durante el pago de las prestaciones, éstas se entienden como rentas del trabajo que desgravan, por lo que al momento de producirse la contingencia, las rentas que reciba el titular tributarán en sus sucesivas declaraciones del IRPF como rendimientos del trabajo íntegramente, ya que no fueron satisfechas en su momento.