NULIDAD DECLARACIONES DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO EN HIPOTECAS MULTIDIVISA

NULIDAD DECLARACIONES DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO EN HIPOTECAS MULTIDIVISA

La sección 5ª de la Audiencia Provincial de Oviedo anuló el pasado 22 de diciembre de 2017 una cláusula multidivisa de Bankinter por falta de transparencia.

El banco se defendió aportando un documento en el que los clientes reconocían el riesgo de lo que contrataban y citaba ejemplos y simulaciones que la sentencia considera “ilustrativos del riesgo”. Sin embargo, la Audiencia Provincial hace referencia a la sentencia del Supremo del pasado 17 de noviembre de 2017 sobre multidivisas para afirmar que “la declaración de riesgo carece de trascendencia y eficacia si efectivamente no se acredita que responde a la realidad”.

En este caso, la Audiencia de Oviedo considera que “no responde a la realidad” porque el banco nunca informó del contravalor en euros del capital pendiente de amortización hasta que los clientes deciden cambiar de moneda. No es hasta este momento que los clientes son plenamente conscientes del riesgo del producto contratado y por tanto es desde entonces cuando se debe de contar el plazo de prescripción, explica la sentencia para rechazar las pretensiones de Bankinter de archivar por caducidad.

GASTOS DE HIPOTECA

TRIBUNAL SUPREMO A FAVOR DE LA BANCA ¿POR QUÉ SE HAN DICTADO DOS SENTENCIAS CONTRADICTORIAS?

El Tribunal Supremo se replanteó la Sentencia 1505/2018 del 16 de Octubre que establecía que sea el banco el que pague el gasto del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados ( ITPYAJD) al firmar la hipoteca y ha resuelto que han de ser los clientes, y no la banca, los que paguen el impuesto al constituir un crédito hipotecario.

El asunto de quién paga el impuesto parecía que se había zanjado en febrero de 2018 , cuando el pleno de la Sala Civil avaló que fuera el cliente el que pagara el impuesto por la firma de la hipoteca.

Sin embargo, para entonces, el tema estaba también sobre la mesa de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Los jueces de lo Contencioso consideraron que había que revisar esa interpretación y admitieron a trámite un recurso de la empresa municipal de la vivienda de Rivas-Vaciamadrid contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad, que consideró que correspondía al cliente de la hipoteca pagar el impuesto de la escritura pública.

La sentencia dictada sobre impuestos hipotecarios por el Tribunal Supremo ha pillado a muchos por sorpresa: allí donde la sala de lo contencioso-administrativo acababa de decir que este impuesto corre a cargo del banco, se lo replantea y resuelve lo contrario, al igual que hace medio año donde otra sala del mismo Supremo , la sala de lo civil, avaló que el banco se lo imputase al cliente en un contrato.

Después de esto, el Gobierno ha aprobado un decreto ley con el que modifica la norma que regula el impuesto de actos jurídicos documentados, el de las hipotecas, para que lo paguen los bancos. Es la respuesta del Gobierno al fallo del Supremo, enmendando una sentencia de 16 de octubre de la Sala tercera de lo contencioso administrativo.

Si la Sala Tercera ( Contencioso Administrativa ) se ocupa de revisar el comportamiento general de la Administración, incluyendo sus actos administrativos, y por tanto los tributos, la Primera ( Civil ) se dedica entre otros muchos asuntos a examinar las relaciones entre personas tanto físicas como jurídicas, incluyendo los contratos.

Hace medio año, los jueces de lo civil resolvieron dos casos que les llevaron a sentar esta doctrina: dos particulares que llevaron ante la Justicia sus contratos con el Banco Sabadell. El pleno de lo civil estableció en ambas sentencias difundidas en marzo que "el sujeto pasivo del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados será el prestatario".

Esa sentencia explicó que tomaba la decisión estudiando cláusulas de un contrato bancario, no el impuesto en sí mismo: "Para adoptar esta decisión, la jurisdicción civil no puede enjuiciar si le parece adecuada la determinación del sujeto pasivo obligado al pago del impuesto que hace la normativa reguladora de cada impuesto", decía, recordando que se basaba en una "jurisprudencia de la Sala Tercera de este Tribunal Supremo".

¿Cambio de criterio?

Recordamos que en febrero de este año 2018, el Pleno de la Sala Primera ( Civil ) del Tribunal Supremo afirmaba que, en un contrato de préstamo con garantía hipotecaria, es el prestatario ( cliente) quien debe pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. Criterio mantenido en : Sentencia nº 148/2018, TS, Sala de lo Civil, Rec 1518/2017, 15-03-2018 y Sentencia nº 147/2018, TS, Sala de lo Civil, Rec 1211/2017, 15-03-2018.

En las Sentencias de la Sala de lo Civil el Tribunal Supremo asumía la jurisprudencia que mantenía la Sala de lo Contencioso-Administrativo y en relación con el pago del ITPAJD, distinguía estas situaciones:

"a) Por la constitución del préstamo, el pago incumbe al prestatario. Sobre este particular, se remite a la jurisprudencia constante de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo, que ha establecido que el sujeto pasivo del impuesto es el prestatario.

b) Por el timbre de los documentos notariales, el impuesto correspondiente a la matriz se abonará por partes iguales entre prestamista y prestatario, y el correspondiente a las copias, por quien las solicite”.

El 16 de Octubre la Sala Tercera del Alto Tribunal dictó una sentencia, y dos más después entre las misma partes del litigio, por la que estableció que quien debe pagar el impuesto sobre actos jurídicos documentados en las escrituras públicas con garantía hipotecaria es la entidad prestamista, y no quien recibe el préstamo.

Pero el Tribunal Supremo se replanteó la decisión que establecía que sea el banco el que pague el gasto de Actos Jurídicos Documentados al firmar la hipoteca y ha resuelto que han de ser los clientes, y no la banca, los que paguen el impuesto al constituir un crédito hipotecario.

El Alto Tribunal celebró el 5 de noviembre el pleno donde se decidió no mantener el cambio de doctrina iniciado tras las 3 sentencias en las que se concluye que la banca debe pagar el impuesto y no el cliente.

El nuevo criterio ya se mantenía en sentencias desde el año 2006 (por ejemplo, Sentencia Administrativo TS, Sala de lo Contencioso, Sec. 2, Rec 4593/2001, 31-10-2006).

Veremos próximamente, cuando se publique, la argumentación completa del cambio de criterio.

USO INDEBIDO DE HUELLA DACTILAR EN EL GIMNASIO

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha sancionado a un centro deportivo por el uso indebido de la huella dactilar de sus socios para poder acceder a sus instalaciones.

La Agencia  calificó la infracción como grave por lo que la multa podría ser desde 40.001 euros a 300.000 euros. Finalmente se impuso una multa de 1.500 euros debido a que la AEPD consideró que se trataba de una empresa pequeña donde los beneficios obtenidos como consecuencia de la infracción no fueron relevantes y que los datos almacenados consistentes en el algoritmo numérico en que se transformaba la huella no son en sí de la huella.

El denunciante fue un policía que pasó de entrar al centro con una pulsera a tener que hacerlo mediante huella dactilar sin previo aviso, ni entrega de ningún documento para el consentimiento a la aportación de sus datos biométricos, por lo que solicitó que se le diera acceso al centro de otra forma y se lo denegaron. El agente no estaba conforme con este cambio en el acceso ya que invadía su intimidad y la privacidad de su trabajo.

La  AEPD consideró más adecuadas otras alternativas como almacenar de forma encriptada la huella en una tarjeta que custodiase cada socio, zanjando que el control biométrico utiliza los datos de forma no proporcionada y excesiva en relación con el ámbito y las finalidades determinadas.

La  AEPD consideró que la finalidad prevista podría alcanzarse de manera menos intrusiva.